Según las dos organizaciones opositoras, la reforma electoral “es pieza clave para devolver a los ciudadanos el derecho a elegir y recuperar la confianza en el sistema electoral” y debe recopilar las demandas y recomendaciones de diversos sectores de la población que incluyen: estudiantes, expresiones y movimientos políticos emergentes, campesinos, empresa privada, sociedad civil y partidos políticos.
Sostienen que el mecanismo de consulta sobre la reforma electoral no debe ser propiedad exclusiva del sistema de partidos políticos, sino que debe ser amplio, democrático, pluralista y consensuado con todos los sectores de la sociedad nicaragüense.
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